LA LUCHA POR LA TIERRA

Fausto Torrez,  miembro de Vía Campesina, ha investigado acerca de  la necesidad de implantar una Reforma Agraria en Mesoamérica, y es tal la similitud de los problemas del campesinado de esa región con los que sufren los labriegos sin tierra en Paraguay, que hemos decidido extraer la mayor parte de su contribución para elaborar esta lectura que confirma que la causa de las luchas para devolver a la tierra su función social, es la misma en todo el subcontinente americano.

El acaparamiento, la promoción de los monocultivos para agro combustibles y la minería, sitúan el tema de la tierra en el centro del debate, y quienes pensaron que el tema de la Reforma Agraria era una asignatura del pasado, se están dando cuenta que este tema sigue vigente, ahora con nuevos enfoques, con nuevos elementos, y como un tema de urgente abordaje por toda la sociedad.

En todos nuestros países, hay muchas tareas que debemos realizar para promover una Reforma Agraria Integral. Se trata de adoptar nuevas legislaciones en varios países, y en otros simplemente implementar las leyes vigentes.

Igualmente, hay una gran necesidad de seguir capacitando a líderes y lideresas sobre los temas, y crear una sinergia entre las diferentes campañas que llevamos, unificando Reforma Agraria con Soberanía Alimentaria y la campaña contra los agrotóxicos.

Hay que fortalecer nuestras alianzas y trabajar en conjunto para incidir en los espacios de poder. Y por último, debemos establecer una estrategia para la solidaridad y el acompañamiento a los casos de criminalización de la tierra en nuestros países.

En el renacer del reclamo masivo de Reforma Agraria, debe ocupar una gran parte de la militancia de la sociedad en su conjunto, en un esfuerzo con participación de todas las organizaciones aliadas en el campo de la investigación, la formación, el cabildeo, las misiones de investigación y el apoyo económico..

Los grandes de temas de embalses para la construcción de represas hidroeléctricas, minerías a cielo abierto, concentran y quitan la tierra a las familias campesinas e indígenas, desplazándolas hacia los cinturones de miseria y hacia el éxodo masivo, como parte del modelo económico que está relegando la agricultura y la alimentación de los pueblos.

Hay que combatir la criminalización de aquellos que luchan por lograr una Reforma Agraria que les de tierra en condiciones dignas, y en todo nuestro subcontinente tenemos registrado numerosos casos de persecución y represión, incluso bajo los actuales gobiernos progresistas, miembros del MERCOSUR.

En Honduras, durante el 2011, se ha agudizado el conflicto del Bajo Aguán, donde las y los campesinos reclaman una real y efectiva Reforma Agraria, frente al acaparamiento de los terratenientes, quienes amparados en el conflicto político y el papel injerencista de las fuerzas armadas, dificultan la solución de los problemas.

En la República Dominicana hay entrega de concesiones mineras al sector turístico y deja desprotegidos a los campesinos, lo que implica menos tierra para la alimentación de los habitantes de ese país.

En Guatemala la reconcentración de la tierra es evidente y hay muchos desalojos. La institucionalidad agraria está agotada y hay más de 145 comunidades que se le adeuda dinero por compra de tierra. La lucha en Guatemala sigue, hay 1300 casos sin resolver en el tema de la propiedad, medición, adjudicación etc. Hay un nuevo conflicto por la represión en las márgenes del río el Polochic y en las poblaciones indígenas de Peten.

En el caso de El Salvador hay una investigación que nos da la oportunidad de saber cuánta es la tierra que está en manos de las y los campesinos. Hay cinco tomas de tierra impulsada por las organizaciones campesinas y el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) elaboró una propuesta para dialogar con el gobierno, pero esto no avanza hasta el momento.

Contrario a cualquier intento por una nueva reforma agraria en El Salvador, la oligarquía y un sector del gobierno, pretenden dar iniciativa de ley a un anteproyecto que le denomina ley de arrendamiento, con lo que se pretende aumentar la concentración de la tierra en pocas manos.

En Cuba el tema de la reforma agraria es un caso resuelto desde el triunfo de la Revolución. El 17 de mayo de 1959 se promulgó la primera Ley de Reforma Agraria, mediante la cual se les entrega en propiedad y de forma gratuita a las campesinas y campesinos. (La primera propiedad cedida voluntariamente para una justa redistribución fue la de la familia Castro Ruz, por decisión de los hermanos Fidel, Raúl y Ramón).

Junto con esa medida, el estado naciente le garantizó a los hombres y mujeres del campo la asistencia técnica, mercado seguro para la venta de todas sus producciones con precios justos, que se pactan a través de un contrato con el estado; lo que garantiza que antes que los campesinos siembren, tienen asegurado la compra de su producción.

En 1963 se aprobó la segunda ley, que limita la cantidad de hectáreas en propiedad; aspecto que permitió expropiar todas las tierras aún en manos de los terratenientes.

Con el acceso a la atención médica y de educación gratuitas para toda la sociedad, un derecho garantizado para los cubanos desde esa fecha, los campesinos comenzaron a disfrutar en igualdad de esos servicios en los lugares más intrincados.

En Costa Rica el tema «reforma agraria” no es parte de la agenda política nacional de los sectores poderosos ni de los gobernantes. La explotación de tierras cultivables enfrenta grandes procesos de concentración y acaparamiento por parte de multinacionales productoras de frutas como Del Monte y Dole. El gobierno, acatando disposiciones del Banco Mundial, propone no ofrecer más títulos de propiedad a pequeños agricultores de forma directa.

Todavía se discute un proyecto de ley que plantea otorgar contratos de arriendos por periodos de 5 años, por la cual las familias campesinas quedan sujetas a cada vez más regulaciones; esto porque el arriendo significa no dar derecho a título de propiedad ni poder construir ni siquiera un lugar para vivir.

Además, hay un creciente abandono del campo por pobreza o desinterés en continuar una cultura campesina cada vez más en extinción.

En Nicaragua, el problema es la legalidad de la tierra, situación que se está regularizando con el actual gobierno, aunque hay un problema en el Timal, una propiedad tomada por miembros de las organizaciones de la CLOC/LVC, pero se han resuelto 75 mil títulos,  principalmente en beneficio de los Indígenas del Caribe.

En fecha reciente se han aprobado leyes de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como una ley para la entrega de tierra con equidad de Género, permitiendo la construcción de políticas en función de las y los campesinos.

México: En cuanto al tema de la tierra, en los documentos hay cosas muy buenas, como el Acuerdo Nacional para el Campo, pero no se cumple, y de más de seis mil unidades de producción, apenas funcionan realmente unas 800, y el resto están abandonadas.

Actualmente hay buen proceso de desarrollo en el norte y sur del país, y el Movimiento «El hambre no espera”, presento una propuesta de reforma de la Constitución Política del país, para agregar el derecho a la alimentación, para lograr la Soberanía Alimentaria.