Paraguay, paraíso fiscal y territorial para extranjeros

Los países del Mercosur  caminan a endurecer sus leyes para preservar su soberanía territorial. Brasil y Argentina buscan establecer normativas más rigurosas que regulen la tenencia de la tierra en manos de extranjeros. Mientras en nuestro país existe una cruzada política, mediática y jurídica que busca liquidar un incipiente proceso de control de las tierras fronterizas, a partir de la reglamentación de la Ley de Seguridad Fronteriza hecha por Decreto por el Presidente Lugo. Los ataques hacia el Gobierno proliferan con argumentos  falaces como que se “busca gobernar por decreto, cuando que la normativa se basa en una Ley del Congreso, se acusa de querer despojar de sus tierras a humildes colonos, en un supuesto arranque xenofóbico del INDERT”. La cruzada es para proteger “el negocio de las tierras malhabidas y la riqueza de unos pocos, basado en la explotación de nuestras riquezas naturales.

2 millones de has de tierras estarían en manos de extranjeros

Un sector de la prensa liderada por ABC, que posee intereses muy fuertes en el negocio especulativo de la tierra, lanzó una guerra mediática en contra de un proceso de reordenamiento territorial y los esfuerzos a favor de la soberanía territorial. El objetivo disfrazado de noticias en páginas y páginas, gastando mucha tinta para buscar convencer a la opinión pública “de la única verdad existente para ABC: su verdad, la que convienes a una minoría que se enriqueció en base a la explotación de bienes malhabidos. Su línea editorial forma parte de una campaña bien orquestada por sectores empresariales agrupados en siglas vinculadas al pasado dictatorial de nuestro país. Siglas como la UGP, ARP, APS, pusieron en práctica un plan común para hacer fracasar la defensa hecha por el Estado paraguayo de su soberanía territorial.

Mientras Brasil y Argentina cierran sus fronteras a los extranjeros,  Paraguay sigue siendo un paraíso fiscal y territorial

El Paraguay se volvió un paraíso para latifundistas extranjeros, al acceder fácilmente gracias a la corrupción existente en los gobiernos colorados a miles de hectáreas de tierra. Desde la época de Bernardino Caballero, luego de la guerra de la triple alianza se montó todo un operativo de remate de las tierras públicas.  Fundaron la Agencia de Venta de tierras Públicas IBR, con lo cual pasaron en forma irregular a manos de personas que no son sujetos de la reforma agraria unos 8 millones de hectáreas. El empresario Tranquilo Favero y su grupo poseen cerca de un millón de hectáreas de tierras, mientras que en su país Brasil solo podría llegar a acceder un extranjero hasta cinco mil has.  Paraguay,  aparte de concederles tierra para la plantación de soja, no les cobra impuestos, por lo que hacen “un negocio redondo”. El capital que consiguen destruyendo nuestros recursos naturales no invierten en nuestro país, sino que lo remesan al Brasil.  

Brasil y Argentina endurecen leyes para defender su soberanía

El gobierno de Dilma Rousseff (Brasil) está planificando establecer nuevas reglas para limitar la tenencia de tierras a los extranjeros. En ese sentido, el Congreso de ese país señala que las empresas controladas por capital extranjero podrán comprar hasta cinco mil hectáreas de tierras.

En relación a las personas físicas y jurídicas, la futura modificación legal brasileña limita las operaciones y restringe la venta hasta 2,5 mil hectáreas de tierras.

La misma Constitución Nacional del vecino país refiere que el Congreso también tendrá potestad de analizar y determinar si corresponde o no la venta de las tierras, en base a los intereses de la nación.

A partir de la década de 50, comenzaron a ingresar los primeros colonos brasileños motivados por la ausencia de control estatal y los beneficios que generan el cultivo intensivo y extensivo de la soja, el trigo, el sorgo y el girasol. Se estima que existen cerca de 250.000 colonos que viven en el país.

Los brasileños en alianza con grandes trasnacionales de Europa y EE. UU. compraron miles de hectáreas en los estados brasileños fronterizos con el Paraguay gracias a que no existe ningún control.

El caso emblemático es el del empresario sojero Tranquilo Favero. Él y su grupo empresarial poseen cerca de un millón de hectáreas en todo el territorio nacional.

Sus tierras se extienden en territorio del Chaco y los departamentos de Alto Paraná, San pedro y Canindeyú. Inclusive, tiene varios conflictos y litigios judiciales con dirigentes campesinos y grupos indígenas que reclaman la legalidad de las tierras ocupadas por el empresario sojero, como el caso de las tierras de Ñacunday, Alto Paraná.

La ley en el caso del gobierno de Argentina también es bastante dura para los extranjeros que pretenden adquirir tierras en ese país. Recientemente, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso el proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, que limita el 20 % la posesión a los extranjeros.

El documento presidencial recalca que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar mil hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación. El registro estará a cargo de la Autoridad de Aplicación del gobierno argentino.

La futura ley deja expresa constancia que el proyecto «en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el siglo XXI».

Igualmente existe una fuerte restricción a los extranjeros que pretenden comprar las tierras en la zona de seguridad fronteriza de ese país.