Paraguay sufre demanda ante la CIDH, en el caso Arrom, Martí

Gabriel Fernández
By Gabriel Fernández diciembre 18, 2017 09:48

Paraguay sufre demanda ante la CIDH, en el caso Arrom, Martí

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de demandar y someter a juicio al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrá tener un impacto muy favorable a la lucha por los derechos humanos en Paraguay. La reiterada impunidad en casos de violaciones de los derechos y garantías constitucionales y la criminalización contra las luchas sociales puede estar llegando a un punto de inflexión.

Hay señales de que a nivel internacional no serán toleradas las prácticas abusivas del Estado y su sistema judicial considerado uno de los más corruptos y parciales del mundo. Urge que se imparta justicia en otros diversos hechos gravísimos como la masacre de Curuguaty –que también sigue de cerca la CIDH- donde fueron condenados de manera despótica y sin derecho a la defensa numerosos campesinos sin tierra.

ANTECECENTES: TERRORISMO DE ESTADO, REPETICIÓN DE PRÁCTICAS DE LA DICTADURA

El caso 12.685 CIDH “es considerado como uno de los episodios de terrorismo de estado más graves ocurridos luego del derrocamiento de la dictadura”. La decisión de la CIDH en su etapa de Fondo –cuyo contenido aún está en sigilo- ha responsabilizado al Estado paraguayo por delitos de lesa humanidad cometidos contra Juan Arrom y Anuncio Martí, líderes del movimiento Patria Libre. Ambos dirigentes, con refugio político por el ACNUR en Brasil, fueron secuestrados y torturados por agentes policiales, militares y fiscales en enero del año 2002.

Un Gobierno debilitado y corrupto encabezado por Luis Angel González Macchi, en enero del 2002, lanzo mano de una vieja táctica de la dictadura de Stroessner: encontrar planes de conspiración y reprimir opositores para intentar ganar legitimidad. Así, un 17 de enero, en plena campaña para un congreso nacional de Patria Libre, son secuestrados y desaparecidos Arrom y Martí.

En 14 días de torturas, en prisiones clandestinas propiedad de policías y del entonces ministro del Interior Julio Fanego, intentaron forzarlos a firmar declaraciones ante la fiscalía confesando un vasto plan de desestabilización en alianza con la izquierda, empresarios y el sector colorado-Oviedista. Parte del plan sería un supuesto caso de secuestro para “recaudar fondos e incendiar la república” (ABC 22/1/2002) como declarado por el senador gubernista Galaverna.

Estamos “cerrando el caso en pocos días” señalaba Fanego, confiado de que los secuestrados serian doblegados por las torturas físicas y psicológicas. Arrom y Martí fueron declarados prófugos de la justicia. El Gobierno instaló un teatro mediático. Presentaron testigos en diversas rutas del interior del país donde habrían sido vistos ambos. Informaron inclusive que estaban buscando asilo político en las embajadas de Cuba, Venezuela y Brasil. Muchas contradicciones que aumentaron la desconfianza en el gobierno y confirmaban que ambos en realidad estaban secuestrados por la fuerza pública.

CRÓNICA CASO 12.685

RESCATE DE SECUESTRADOS Y CRISIS DE GOBIERNO

La creciente presión y solidaridad ciudadana hizo que vecinos del local donde ambos estaban secuestrados pasaran información a familiares de Arrom. Un 30 de enero del 2002, familiares, líderes de derechos humanos y dos medios de prensa (Ñanduti y TV Telefuturo) acudieron al local. Los policías de civil se vieron cercados y huyeron del lugar sin que la policía los siguiera. El rescate de ambos dirigentes fue transmitido en directo por radio y televisión a todo el país.

Fueron comprobadas todas las sospechas e informaciones previas: dos ministros de Estado estuvieron directamente involucrados intentando negociar con Arrom su confesión ante la fiscalía. El ex ministro de Justicia, Silvio Ferreira, acudió al local de secuestro a conversar con Arrom prometiendo interceder ante Fanego para su liberación y enviarle un médico, lo que fue cumplido: El ministro del Interior, Fanego, hizo una llamada a Arrom -vía celular de uno de los policías secuestradores- y ese mismo día se presentó un médico para examinar a los torturados y recetar medicamentos para sanar las heridas de Arrom y Martí.

Una grave crisis se abatió sobre el gobierno de González Macchi. Tuvieron que destituir a Fanego y Ferreira y a la cúpula de la policía nacional. Desmantelaron el CIJ –órgano policial del ministerio público- cuyo director Javier Cazal fue preso con otros dos policías, el comisario Saturnino Gamarra y David Schémbori. El fiscal general del Estado, Oscar Latorre, fue sometido a juicio político en el congreso,  por delitos de lesa humanidad, al igual que el presidente González Macchi, sin que se obtuvieran los votos para la destitución de ambos. La CIDH intervino exigiendo medidas cautelares de protección para Arrom y Martí.

REFUGIO POLÍTICO Y PROCESO EN LA CIDH

Pasada la tormenta política el Gobierno, con férreo manejo del ministerio público encabezado por Oscar Latorre – uno de los principales autores intelectuales de estos delitos de lesa humanidad- llevo el caso a la Impunidad. El ACNUR propició en el año 2003 el refugio político de ambos en Brasil, ante la absoluta impunidad de los responsables de estos hechos y el peligro de vida que corrían ambos en territorio paraguayo. En el año 2004, agotados los recursos internos, fue presentada la demanda en la CIDH.

Secuelas de las torturas en Juan Arrom

En el año 2008 la demanda es declarada admisible. “Afirman que las investigaciones criminales en relación con estos hechos carecieron de independencia, imparcialidad y profesionalismo y que los recursos intentados no habrían sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar, a los responsables” Decisión Admisión CIDH.

“Entre los torturadores fueron reconocidos por las víctimas los entonces subcomisario Saturnino Antonio Gamarra Acosta, los efectivos policiales José David Schémbori Ocampos y Francisco Servián, Julio César Díaz, el oficial inspector Nelson Alderete, el oficial inspector Elías Gómez, el oficial 1° Feliciano Martínez, el suboficial Gustavo Limenza, el suboficial Pablo Morínigo, el comisario Roberto González Cuquejo, jefe del Departamento de Investigaciones; el teniente coronel Mario Restituto González, del Servicio Nacional de Inteligencia, y el mayor Enrique Sarubbi.

También reconocieron a Javier Benjamín Cazal Elizeche, ex director del Centro de Investigación Judicial (CIJ) dependiente del Ministerio Público, y se encontraron conexiones con Felipe Acuña Vergara, funcionario de la Presidencia, y Esteban Aquino Bernal, asesor antiterrorista de la Corte Suprema de Justicia” CODEHUPY. En el año 2011 el proceso entro en la etapa de Fondo en la CIDH. Tras una propaganda violatoria del derecho internacional impulsada por el gobierno paraguayo (2010) que ofrecía una recompensa monetaria por la captura de ambos, aún en perfecto conocimiento de la calidad jurídica de ambos protegidos por ACNUR, fue roto el diálogo amistoso. Esa situación generó varias protestas en el ámbito nacional e internacional, como el de la Cámara de Diputados del Brasil CDHM Pedido a la CIDH Caso 12.685.

La célere decisión de la CIDH a pocos meses de haber resuelto el Fondo, demuestra la preocupación por la situación de los derechos humanos en Paraguay que sufrieron un grave deterioro por la acumulación de casos Impunes y el episodio trágico del Caso Curuguaty. Es un momento propicio de lucha y avance para los derechos humanos en Paraguay.

Gabriel Fernández
By Gabriel Fernández diciembre 18, 2017 09:48

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