VEREDICTO DEL TRIBUNAL ETICO POR LA DEMOCRACIA
Del análisis de las constancias de la investigación arrimadas en tiempo y forma y durante el desarrollo del Juicio Ético contra el Congreso Nacional, (período 2008-2013) el Tribunal Ético por la Democracia ha oído en audiencia pública al Equipo de Investigación, a los testigos presentados por la acusación, así como también a la defensa de oficio designada, sobre los elementos que conforman las causales de la acusación cívica formulada por el Equipo de Investigación contra el Congreso; y en tal sentido ha procedido al análisis y consideración exhaustiva de cada uno de los elementos que contienen las mismas, tanto de cargo como de descargo y ha concluido finalmente DECLARANDO QUE:
– Los Senadores y Diputados como miembros del Congreso Nacional, se han extralimitado en sus funciones constitucionales, utilizando las facultades de que están investidos en beneficio de intereses particulares, sin considerar el interés colectivo al que les obliga la primera parte de Artículo 128 de la Constitución que expresa: “En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”.
En consecuencia, se concluye que han incurrido en mal desempeño de sus funciones derivado de violaciones sistemáticas a las disposiciones constitucionales y legales, por lo que se debe declarar a los senadores y diputados, como personas no gratas al pueblo paraguayo.
– Los Senadores y Diputados han hecho uso y abuso de sus inmunidades por cuanto se han amparado en las mismas, particularmente mediante la denegación del desafuero en casos claros y evidentes, para la defensa corporativa, impidiendo la investigación de actos ilegales e ilícitos.
– Los Senadores y Diputados se han aprovechado del doloroso y hasta ahora no esclarecido hecho de la masacre de los campesinos y policías en Curuguaty, para satisfacer sus intereses políticos y destituir Presidente constitucionalmente electo Don Fernando Lugo. Una vez destituido el mismo han demostrado un total desinterés en la investigación de los hechos con vista a su pleno esclarecimiento y han incurrido en absoluta inacción sobre el particular.
– La Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, son responsables de la derivación y situación actual que del caso Curuguaty pudiera suscitar con las personas detenidas, en razón que no han impulsado acción de protección alguna a favor de los y las detenidas por el caso. Si bien el caso es de competencia judicial, la comisión bicameral constituida para la averiguación de los hechos se ha desarticulado y desentendido de lo ocurrido, siendo por omisión responsables de lo que pudiera suceder con los mismos.
– La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados son responsables por el uso ilegal, abusivo y arbitrario del la figura del Juicio Político por la violación de principios procesales básicos como el de la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la obligación de aportar pruebas y exigirlas y porque hasta la fecha no ha sido reglamentado por ley, y en los diferentes casos en los que se ha utilizado éste instituto constitucional, sólo ha sido objeto de resoluciones ad hoc.
– Los Senadores y Diputados son responsables por negligencia y omisión en la sanción de normativas reglamentarias de derechos establecidos en la Constitución, lo que impide a la población paraguaya la realización de derechos constitucionalmente consagrados y sin cumplir las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de Derechos Humanos, el caso de la ley contra toda forma de discriminación entre otras.
– Los Senadores y Diputados son responsables de la omisión sistemática en la respuesta ante los reclamos territoriales indígenas, por cuanto suponen la sanción de leyes de expropiación, además de constituirse en responsables del genocidio y exterminación de los pueblos originarios por negligencia pública.
– La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados son responsables del uso abusivo de los recursos públicos por medio de sus facultades constitucionales al sancionar el Presupuesto General de la Nación por fuera de lo que propone el Poder Ejecutivo, además de asignar partidas presupuestarias para gastos que no contribuyen al desarrollo del país.
Sobre la base de lo expresado precedentemente, el Tribunal Ético por la Democracia
R E S U E L V E:
– Declarar a los Senadores y Diputados del periodo 2008-2013 personas no gratas al pueblo paraguayo por las violaciones a la Constitución que dificultan la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho.
– Condenar y denunciar públicamente la conducta de Diputados y Senados integrantes del Congreso Nacional, por sus reiteradas violaciones al orden constitucional y legal de la República, basados en las consideraciones de hechos mencionados precedentemente.
– Emplazar a Senadores y Diputados a integrar con carácter urgente una comisión bicameral de investigación sobre el caso Curuguaty y a conformar una comisión multisectorial para la resolución de las reivindicaciones territoriales indígenas.
– Emplazar a Senadores y Diputados para que sancionen de manera inmediata leyes reglamentarias de disposiciones constitucionales y en particular del Juicio Político.