PARAGUAYOS EN ARGENTINA DENUNCIAN GRAVES IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACION SOBRE EL CASO CURUGUATY

Con mucha preocupación, el Congreso Permanente de la Migración Paraguaya en la Argentina se ve en la obligación de llamar la atención de nuestros compatriotas sobre la masacre de Curuguaty y brindar una síntesis de lo ocurrido basándonos en el informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y la acuciante situación de una huelga de hambre de campesinos detenidos en forma arbitraria y que están llevando adelante una medida que puede tener consecuencias terminales. Son los casos de Luis Olmedo, de 22 años, Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez, hoy en estado crítico. Aun así, se reciben denuncias que a más de 50 días de esta medida, han sido esposados a sus camas hospitalarias, hecho que es una crueldad manifiesta contra detenidos que se encuentran en un evidente deterioro y que reclaman su libertad. Se agrega a una insensibilidad manifiesta de quienes violando la presunción de inocencia los han declarado, de antemano, convictos.

A continuación, daremos un escueto resumen del informe, añadiendo informaciones propias que obran en nuestro poder y deben ser conocidas en forma pública. La fiscal del caso, Ninfa Aguilar, fue advertida por el INDERT que las tierras eran de su propiedad. Propiedad pública. Lo hizo de forma fehaciente. De ningún modo de Blas N. Riquelme, dirigente colorado que hizo y perdió un juicio por usucapión, figura jurídica que no se aplica a tierras fiscales. Además se le pidió que suspendieran los desalojos en esa finca. Textual del Informe del IPECC: “Sin embargo, el problema toma mayor dimensión cuando vemos que no sólo Ninfa Aguilar apostaba por desalojar la finca sin constatar nada sobre su situación jurídica, sino que el propio Congreso Nacional se inmiscuyó en esta causa, cuando un conjunto de senadores (entre los que se cuenta Pedro Efraín Alegre, quien firma la disposición) solicitaron al mismísimo Ministro del Interior aportar los efectivos necesarios para dar cumplimiento a la orden fiscal. La más alta autoridad legislativa del país entró en el juego instando el desalojo, por supuesto sin comprobar la titularidad de la tierra, apoyando las decisiones de la Fiscal Ninfa Aguilar y su connivencia con Blas N. Riquelme. La gravedad del asunto es indiscutible”.

No existió jamás una orden de desalojo, sino que el juez Benítez, a cargo de la causa solo ordenó un allanamiento, que consiste en identificar a los ocupantes de un predio, no su desalojo. Fue un desalojo ilegal, orquestado por la fiscal Ninfa Aguilar, incurriendo en un delito, excederse en sus atribuciones y en clara connivencia con el verdadero usurpador, Blas N.Riquelme, dirigente colorado stronista.

Volvemos al informe del PEICC: “resulta curioso que los detenidos sigan soportando una imputación por invasión de inmueble ajeno, y que no se suspenda esa imputación hasta que se dirima qué hay en torno a la titularidad de esas tierras y los sucesivos operativos de desalojo instados por Blas N. Riquelme, aprobados por las autoridades jurisdiccionales, y ordenador por la Fiscalía. Al contrario, la fiscalía sigue adelante con la causa por invasión de inmueble,pero sin investigar la titularidad de la finca, un auténtico dislate procesal”.

Todo lo demás es parte de lo mismo. Ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía que no se investigan, torturas a los detenidos confirmadas por diferentes organizaciones sociales y el propio Juez José Benítez!! Omisión de auxilio a heridos campesinos graves y posibles muertes por esta causa. El Fiscal Jalil Rachid no hizo denuncia alguna, como le correspondería.

Las pericias brillan por su ausencia. Lo que parece estar fuera de duda es que los campesinos no tenían ni las armas ni el entrenamiento para semejante masacre. Y es muy verosímil que nadie lleva a una emboscada a sus familiares, mujeres y niños. Una provocación política en toda la regla es la conclusión obvia. IPECC ..” El criterio seguido por la Fiscalía para la determinación de la autoría de los hechos ha sido que todos los campesinos que estuvieran presentes en el lugar del crimen fueran detenidos. Posteriormente, a todos ellos se les decretó prisión preventiva. Aunque más adelante analizaremos la falta de rigor procesal de esta medida generalista, lo más importante es que, incluso con esos criterios, desde un primer momento se libraron detenciones arbitrarias contra personas que nada tenían que ver con los hechos.

Muchos detenidos reclamaban que no habían estado presentes en la finca, que simplemente pasaban por los alrededores y se acercaron a ayudar. Otros alegaban que se acercaron al Hospital a ver a familiares. Según relatan la Policía fue deteniendo masivamente campesinos sin importarles su presencia en el lugar de los hechos.

Esto fue denunciado una vez más por la Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Mal habidas junto con la Coordinación de Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú, y por la comitiva en misión de observación que se entrevistó con los presos, además de por otras organizaciones sociales.

De igual forma, los familiares reclamaban que algunos de sus allegados estaban detenidos de forma arbitraria. A todos estos detenidos se les dictó prisión preventiva y se les libró imputación por lo sucedido en la finca. Las autoridades hacían oídos sordos a los reclamos de las organizaciones sociales y los campesinos argumentando que las detenciones se habían hecho con corrección absoluta, y que había quedado acreditada su presencia en el predio en el momento de los hechos.

Ante estas peticiones la Fiscalía y el Juez Benítez se negaban a escuchar a las organizaciones sociales, familiares, y a los propios detenidos, ya que según ellos los informes policiales recogían que habían sido detenidos en el lugar de los hechos.

Sin embargo, la defensa encontró pruebas irrefutables que demostraban que dos de los detenidos, Miguel Ángel Correa y Marcelo Trinidad, habían sido detenidos en el Hospital de Curuguaty, por lo que los informes policiales mentían y eran rotundamente falsos, ya que la Policía afirmaba en esos informes que esas personas habían sido detenidas en la finca.

En suma, está probada la actuación de paramilitares, en el mejor de los casos, a sueldo de los terratenientes, con armas como fusiles de asalto y gran experiencia. Un armado para facilitar la criminalización de la protesta social y la destitución de un presidente constitucional. Además, se ha eliminado el Protocolo de Desalojos. El mensaje explícito es que de ahora en más los desalojos serán violentos, a lo que de lugar.

El elemento que falta es quien es el Fiscal investigador, Jalil Rachid. Viene de una familia de latifundistas colorados, cuyo padre, Bader Rachid Lichi, figura en el tomo IV de La Comisión de Verdad y Justicia, entre los usurpadores de de tierras fiscales, en el distrito Santa Rosa, Departamento de Misiones. El entonces diputado colorado stronista, inició un expediente, en 1981, el N° 6.996 por 1498 hectáreas en Santa Rosa y mediante el expediente N° 131.399 de 1986 se quedó con las mismas. Este fiscal colorado, es el imparcial investigador. Una burla al más elemental sentido de justicia. Debiera ser apartado de la causa y los campesinos injustamente detenidos, ser liberados sin más trámite, antes de que sigan las muertes, estas totalmente evitables para cualquier criterio humanitario.

Comité Ejecutivo del Congreso Permanente de la Migración en la Argentina

Alberto González, Joaquín Blasco, Viviam Correa Cardozo, Luis Adolfo Soler

Abel Cárdenas, Luis Riveros, Jorge Gugliotta