CASO CURUGUATY: “EL FISCAL JALIL RACHID ACUSA A 14 CAMPESINOS SIN PRUEBAS”

En el caso de la masacre  en Campo Morombi en Curuguaty, la fiscalía presentó acusaciones  contra 14 campesinos, sin pruebas contundentes, afirmando que la matanza fue un plan perfectamente orquestado, por otra parte la Articulación por  Curuguaty, un espacio que aglutina a varias organizaciones sociales, urbanas y campesinas,  emitió inmediatamente un comunicado, donde se manifiesta gran indignación ante los resultados presentado  por el fiscal Jalil Rachid contra un sistema judicial ineficiente para el pueblo y eficiente para el despojo.

El domingo  16 de diciembre, el fiscal Jalil Rachid decidió acusar y decidir sobre el destino de 14 campesinos con bases a declaraciones testimoniales y algunas pericias, concluyó que los campesinos prepararon una emboscada en campos Morombi, Curuguaty, el 15 de junio pasado donde murieron 11 campesinos y 6 policías, en  desalojo de un inmueble  del Estado usurpado por Blas N Riquelme, amigo personal de Bader Rachid Lichi padre del fiscal Jalil Rachid, ambos  ex Presidentes de la ANR, Asociación Nacional Republicana partido colorado, benefactores del dictador Alfredo Stroessner.

La acusación se formuló contra  Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Paredes, Dolores López Peralta, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez Paniagua, Felipe Nery Urbina, R V A (17) y R A B C (17). Por otro lado la Fiscalía solicitó el sobreseimiento   de Marcelo Trinidad Paredes, Miguel Ángel Correa Franco y Juan Alfredo Caballero. Estos habían sido detenidos en el hospital de Curuguaty y puestos en libertad a un mes del hecho.

Debemos señalar que la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PICC)  realizaron una investigación paralela y contradijo el informe de la fiscalía. Por otro lado Articulación por Curuguaty, un espacio que aglutina a varias organizaciones sociales urbanas, y campesinas emitió un comunicado inmediatamente después de que el fiscal Jalil Rachid presentara las acusaciones contra los 14 campesinos y campesinas ante el juzgado del juez José Benítez.

“Junto a nuestra sincera indignación y rabia,  hoy un dolor muy grande inunda nuestros corazones,  porque nunca estaremos preparados para soportar la injusticia. Tanta injusticia como la que quedó de manifiesta esta mañana, con el descriterio y falta de oficio demostrado por la Fiscalía”, refiere un pasaje del pronunciamiento.

El documento expresa el inaudito argumento de la fiscalía para acusar a los 14 campesinos: un testigo que dijo haberlos visto en el lugar de la masacre pero que, en realidad -el testigo- nunca estuvo allí. “…La principal prueba que presentan es un supuesto testigo que no estuvo en el lugar y momento de los hechos. Eso sólo como ejemplo. Este nuevo paso de la Fiscalía lo podemos considerar como un paso más en la construcción de un sólido blindaje de impunidad.  Y contra esa impunidad es que alzamos nuestras voces”, expresa.

“La decisión política de la Fiscalía obedece al prejuicioso deseo de imputar a campesinos como a criminales y acusarlos de tentativas de homicidio en tanto la lucha de estos campesinos y campesinas es una lucha justa por la tierra mediante la legítima ocupación de tierras malhabidas. Es nuestra histórica indignación contra un sistema judicial ineficiente para el pueblo y eficiente para el despojo”, manifiesta en otra parte el documento de Articulación Curuguaty.

Por ultimo como broche de oro a la ineptitud del Ministerio o Público encabezado por el fiscal Rachid de demostrar fehacientemente quienes son los verdaderos responsables de la matanza de Curuguaty, sale y dice que fue el “final de una película de un plan perfectamente  orquestado”.  «Este grupo de personas sabía perfectamente que el 15 de junio iba a ocurrir algo porque Campos Morombi fue ocupado varias veces antes», aseguró.

Si la fiscalía sabe que fue un plan perfectamente orquestado por sectores políticos y latifundistas, pero no abre una investigación para determinar la participación de los mismos. Estos grupos hicieron el mayor daño al Paraguay quebraron un sistema democrático el 22 de junio pasado con un juicio político infame para destituir al Presidente Fernando Lugo. El fiscal Jalil Rachid al no iniciar una investigación con todos los sectores demuestra una parcialidad manifiesta y es cómplice de los conspiradores golpistas.