URGE SANEAMIENTO ETICO Y MORAL DEL PODER JUDICIAL

La tiranía amenaza al Paraguay

La reciente acusación de parte de la Fiscalía a doce compatriotas campesinos y campesinas constituye un hecho que consterna a la ciudadanía democrática del Paraguay. Ya hemos hablado y dejado clara la posición respecto a la Masacre de Marina Cue y al Golpe de Estado, por lo que voy a referirme especialmente a la reciente acusación de estos y estas compatriotas.

 

La actuación fiscal refleja, que todo el proceso encabezado por el fiscal Rachid, es parte de la conspiración que inició con la Masacre de Marina Cue, en el Departamento de Curuguaty. Esta conspiración se siguió desarrollando con el golpe de Estado y el asesinato de Vidal Vega, héroe de la lucha por la democracia en el Paraguay. La conspiración persiste y da un paso más con esta acusación falaz, empapada en sangre, cuya finalidad antes que hallar la verdad, es en realidad blanquear la matanza y dejar un manto de encubrimiento definitivo sobre todos estos hechos trágicos para nuestra República.

 

Sin fundamentación, sin pruebas, al igual que el juicio político ilegal e ilegítimo que hicieron contra el Presidente Constitucional del Paraguay, el compañero Fernando Lugo, ahora  también  la fiscalía pretende acusar y condenar con argumentos banales, carentes de toda seriedad, a 12 compatriotas víctimas del macabro montaje criminal y político.

 

La Fiscalía y el Poder Judicial constituyen un verdadero peligro cuando actúan de este modo, es más grave aún por la trascendencia del magnicidio que se cometió en Curuguaty el pasado 15 de Junio. Fiscales que antes que buscar la verdad, en realidad están sometidos a los conspiradores y asesinos de Curuguaty, pretenden que el pueblo paraguayo olvide que allí fueron víctimas campesinos y policías, víctimas de esta brutal conspiración.

 

Corresponde a la sociedad paraguaya, movilizarse. Movilizarse por un saneamiento ético y moral del poder judicial, para ello debemos contar con un parlamento que sea capaz de sancionar, reestructurar el poder judicial que hoy tenemos, iniciando con un juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

 

Es responsabilidad de toda la sociedad, de sus movimientos organizados y sus partidos democráticos, declararse en estado de emergencia, ante el peligro que amenaza hoy a la democracia paraguaya. Estado de alerta y emergencia nacional ante un régimen en el que antes que Imperio de la Ley, prevalece el imperio de la fuerza, un régimen cuyas instituciones solamente buscan justificar o encubrir la instalación de una nueva tiranía en nuestro país.

 

Para ello debemos recurrir también a la solidaridad continental y del mundo entero, denunciando y desnudando, que en el Paraguay estamos ante un gravísimo retroceso de la democracia, que el golpe no ha terminado y que este golpe hoy está dejando a los ciudadanos sin protección alguna de las instituciones que deberían velar por los derechos de los mismos.

 

Una sociedad sin derechos y sin instituciones responsables, y con un predominio de órganos represivos, es una sociedad que vive en tiranía, que vive en dictadura, con un disfraz legal, y ante esto el pueblo tiene la obligación de rebelarse.

 

Aníbal Carrillo Iramain, candidato a la presidencia de la República del Paraguay por la Concertación Frente Guasú.