PARAGUAY: RESOLUCIÓN DE LA ONU CONFIRMA CONSPIRACIÓN PARA DESTITUIR A FERNANDO LUGO

En declaraciones a Prensa Latina, Carrillo le asignó una importante relevancia al documento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual demandó una investigación independiente e inmediata sobre la muerte de campesinos y el proceso que sacó de su cargo al mandatario Lugo en 2012. Carrillo destacó que el acuerdo del Comité fue hecho después de presentados sus descargos por el gobierno de Federico Franco y representa rechazo a los alegatos oficiales sobre el sangriento desalojo de campesinos en Curuguaty, en junio pasado, argumento usado para destituir a Lugo.

La ONU reconoció que la realizada oficialmente sobre Curuguaty fue una investigación superficial, insuficiente y muy parcializada a pesar de la muerte allí de 11 campesinos y seis policías, buscando siempre colocar un manto de sombra para ocultar la verdad, según el entrevistado. Consideró, además, que la ONU reafirmó las muchas sospechas de que el violento desalojo fue un crimen político con el cual se inició la conspiración y culminó con una parodia de juicio político donde no se respetaron los procedimientos básicos para la defensa.

El Frente Guasú ha estado reclamando ese punto y planteando que la democracia paraguaya sufrió un enorme golpe, una gran herida, con la expedita destitución del jefe de Estado constitucional y ahora estudiará algunas medidas a adoptar tras ese reconocimiento por la ONU. Un elemento importante es que todo esto sucede casi al final del proceso electoral en desarrollo con vistas a los comicios generales del 21 de abril y esa declaración de ONU afecta directamente a los candidatos presidenciales Horacio Cartes y Efraín Alegre de los partidos tradicionales.

Ellos fueron parte directa de la conspiración y protagonistas centrales del golpe contra la democracia que hoy no sólo está conceptuado así por Mercosur (Mercado Común del Sur), Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sino por las propias Naciones Unidas, planteó Carrillo. Recordó que la ONU propone ahora una Comisión Independiente que investigue lo sucedido en Curuguaty y en el proceso de destitución presidencial y el actual presidente Federico Franco, tras apoderarse del cargo, disolvió una entidad similar conformada por Lugo.

El dirigente político consideró que esto es un desenmascaramiento de Franco hecho por Naciones Unidas porque, además, existe una falta de confianza en instituciones oficiales paraguayas como el Poder Judicial y la Fiscalía.

En marzo de este año el destituido presidente constitucional Fernando Lugo dijo que existe una mafia de la tierra en su país y calificó al Poder Judicial de agente del despojo a los campesinos. Sus manifestaciones aparecen en el libro «Lugo», del escritor Marcos Ibañez, y en ellas hace referencia especial al sangriento desalojo campesinos ocurrido en la localidad de Curuguaty.

Lugo criticó la labor investigativa de los fiscales y denunció que el fiscal del caso Jalil Rachi es juez y parte en un crimen mediante el cual se castiga a las víctimas y se protege a los autores morales y materiales cumpliendo un libreto político. También recordó que Rachid es hijo de terrateniente y amigo de la familia Riquelme, ocupante de los terrenos todavía en litigio con el Estado por su propiedad.

Al hablar sobre la situación del Poder Judicial en relación a la tenencia de la tierra calificó a sus fiscales y jueces de operadores políticos y agentes de despojo de tierras públicas y condenó se haya ordenado cazar como animales en el monte a los campesinos sin tierras. En el texto, Lugo se describe como partidario del socialismo que implica igualdad, equidad y justicia social y destacó las actuaciones del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario boliviano Evo Morales, por su compromiso con el dolor y el sufrimiento de sus pueblos.

Paraguay: ¿Qué pasó en Curuguaty?

Curuguaty significa en el idioma guaraní “lugar del curuguá”, en alusión a una planta abundantemente encontrada en esa región; es una localidad situada a 240 kilómetros de Asunción y forma parte del departamento de Canindeyú. Zona agrícola por excelencia se define como propietaria de una rica flora y fauna, rodeada por las serranías del Mbaracayú, con una altura media de 400 metros sobre el nivel del mar y una zona donde confluyen importantes ríos, a la vez afluentes del navegable río Paraguay.

Sin embargo, la historia reciente del país convirtió a Curuguaty en algo todavía más trascendente, en una verdadera herida abierta en el corazón de la nación, tanto por los sucesos ocurridos en el lugar en junio pasado, como por las derivaciones que ellos tuvieron. Para hablar de lo que representaron y siguen representando esos hechos en la realidad paraguaya de hoy, debe comenzarse por explicar como su origen el gravísimo problema de la tenencia de la tierra, tantas veces tratado pero nunca resuelto.

Es un país donde el 85% de los terrenos cultivables está en manos de menos del 2% de los propietarios rurales existentes, con la avasalladora presencia de voraces latifundistas, de grandes agroexportadores que controlan una producción agrícola limitada a varios rubros y de empresas de ciudadanos extranjeros. No habría mucho más que decir para comprender la presencia de algunas familias campesinas sin tierra, parte de las 300 mil señaladas como existentes en el país viviendo en condiciones infrahumanas, en zonas del enorme latifundio existente en Marina Cué, Curuguaty.

El nivel de concentración de la tierra en manos de los latifundistas paraguayos es tan alto que elimina toda posibilidad y de desarrollo del país, afirmó Marcial Gómez, dirigente nacional campesino de la nación guaraní. En declaraciones a Prensa Latina, Gómez, quien es secretario general adjunto de la importante Federación Nacional Campesina (FNC), aseguró que Paraguay está, lastimosamente, en el primer lugar a nivel mundial en lo referente a la tenencia de la tierra en pocas manos.

Añadió que, ligado al latifundio, va creciendo el modelo agroexportador empresarial de la producción mecanizada, en referencia al prácticamente omnímodo poder del cual gozan las grandes empresas, tanto paraguayas como extranjeras, dedicadas al cultivo y venta de soja, maíz y algodón. Ese poder económico y político, según las constantes denuncias, unido al acaparamiento de los terrenos cultivables y al uso intensivo de las semillas transgénicas autorizado por el gobierno de Federico Franco, tiene una repercusión negativa para los pequeños productores nacionales.

Gómez planteó que, por eso, una de las consignas centrales históricamente defendidas por el campesinado es la necesidad de una profunda reforma agraria en el país. El cultivo intensivo, mecanizado y con semillas transgénicas de la soja, la llamada sojización, está arrasando comunidades campesinas e indígenas en todo el territorio.

Al explicar el significado de esa situación, dijo que en absoluto representa crecimiento de fuentes de trabajo y genera más bien desplazamiento de mano de obra del campo hacia la ciudad. Exigió que el Estado tome como política la reactivación de la producción agrícola en manos de los pequeños y medianos productores quienes, históricamente, lo hacen en forma diversificada y producen alimentos para el pueblo, ligando eso al desarrollo industrial.

Los únicos que viven bien ahora son los grandes sojeros ganando millones y millones de dólares y los pequeños productores están abandonados por el gobierno, sin créditos ni asistencia técnica ni inversión para la necesaria recuperación de los suelos, concluyó.

Para los grandes propietarios de muchos miles de hectáreas, para jueces y fiscales a veces acusados de estar al servicio de esos poderosos intereses económicos, y para el propio gobierno, la calificación genérica de estos casos es la de invasión de la muy sagrada propiedad privada y de violación de las leyes del país. Esas fueron las razones esgrimidas por abogados, fiscales y jueces para ordenar el desalojo hasta por la fuerza, de los ocupantes de apenas una pequeña parte de las miles de hectáreas acumuladas en forma muy dudosa por el empresario Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado quien apoyó, incluso, a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner.

Si se admite la versión oficial, los campesinos recibieron a tiros a los centenares de policías que acudieron a realizar el desalojo y, lógicamente, superaban ampliamente en número, armamento y preparación a los labriegos allí asentados. La conocida como masacre de Curuguaty terminó el 15 de junio del año pasado con la muerte de 11 campesinos y seis policías, el encarcelamiento de numerosos rurales y el dictado de orden de detención a más de 40, quienes huyeron del lugar alegando peligro para sus vidas.

Casi inmediatamente, los partidos políticos tradicionales, con su mayoría congresional, lograron derivar la responsabilidad de lo sucedido hacia el gobierno del presidente Fernando Lugo y lo destituyeron en forma expedita en unas 30 horas, mediante el juicio político convocado, sin tomar en cuenta recomendaciones de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), presentes en Asunción.

Precisamente esa concertación política de partidos anteriormente enfrentados y las diferentes versiones que fueron apareciendo por parte de las organizaciones sociales, especialmente campesinas e indígenas, y hasta del gobernador del departamento de San Pedro, José Ledezma, militante del partido de gobierno, provocaron la interrogante hoy repetida continuamente: ¿Qué pasó en Curuguaty?

En busca de esa respuesta, más allá de las posiciones respectivas de las organizaciones políticas del país, se conformó la comisión investigadora independiente, encabezada por el jurista español Aifor Martínez y respaldada por abogados y personalidades locales. Testimonios de primera mano recogió la comisión de los campesinos presentes durante el desalojo así como de policías, funcionarios, familiares de las víctimas, empleados hospitalarios, y acumuló fotos y filmaciones tomadas durante el tiroteo.

La acumulación de elementos permitió a los integrantes del grupo definir algunos aspectos trascendentes:

a) La posición de los francotiradores desconocidos, provistos de armas automáticas nunca manejadas por los labriegos, y la convicción de que fueron esos elementos quienes desencadenaron el choque armado al disparar y matar al dirigente de los campesinos y al jefe de operaciones de la policía mientras negociaban.

b) La existencia en manos de campesinos apenas de escopetas de caza y otras armas rudimentarias, por lo que fue imposible pudieran resistir al embate de las fuerzas policíacas.

c) La posibilidad latente de ejecuciones extrajudiciales de algunos labriegos, una vez iniciada la entrada con fuerza de la policía en el lugar.

d) La negativa de auxilio a campesinos heridos, demostrada en filmaciones, e incluso la detención y encarcelamiento de un menor herido sin atención médica alguna.

Con el objetivo de colaborar a un verdadero esclarecimiento de los hechos, la comisión entregó a la Fiscalía General los resultados de su encuesta pero sin una atención satisfactoria. El reclamo sobre lo verdaderamente sucedido en Curuguaty se convirtió en una constante de tal amplitud que, durante el acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la representación de la ONU en Paraguay reclamó al presidente Federico Franco una urgente aclaración de aquellos sucesos.

La respuesta la dio el fiscal de la causa, Jalil Rachid, apenas unos días después acusando oficialmente y enviando a juicio a 14 campesinos como únicos responsables de la masacre, aunque debió reconocer que no era posible saber si habían dado muerte a alguno de los policías. Este nuevo escenario planteado por la Fiscalía difícilmente podrá impedir que, en las manifestaciones públicas en las plazas, en las demostraciones de las organizaciones sociales y en los actos de los partidos políticos siga presente la misma interrogante con tintes de acusación permanente: ¿Qué pasó en Curuguaty?

Las similitudes de los golpes de Estado en Honduras y Paraguay y la complicidad de Estados Unidos en ese quiebre democrático fueron denunciados en Francia durante una conferencia en la Casa de la América Latina. «Cuando vemos lo ocurrido en ambos países nos damos cuenta que estamos ante nuevas formas de derrocar gobiernos democráticamente elegidos que han iniciado reformas de mayor inclusión social y participación popular», explicó a la periodista de Prensa Latina Carmen Esquivel Sarría el dirigente del Colectivo Paraguay Gustavo Zaracho.

El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado y llevado a la fuerza a Costa Rica por militares encapuchados para impedir la realización ese día de una encuesta sobre futuras reformas constitucionales. Tres años después, también en el mes de junio, su homólogo paraguayo Fernando Lugo fue destituido tras un expeditivo juicio político que la comunidad internacional calificó de golpe de Estado Parlamentario.

Hay mucha semejanza entre lo ocurrido en los dos países. Lo que no funcionó en Honduras lo perfeccionaron en Paraguay, denunció a través de una videoconferencia Dina Meza, activista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Declaró la también periodista hondureña que en los dos casos se trató de legalizar el golpe de Estado y de presentarlo como una sustitución presidencial y no como una ruptura democrática. Oradores en el encuentro recordaron que los documentos publicados posteriormente por Wikileaks revelaron la implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Honduras y afirmaron que después de lo ocurrido aumentaron a siete las bases militares norteamericanas en ese país centroamericano.

La oligarquía hondureña, en complicidad con los militares, perpetraron el golpe para destruir lo que se había avanzado con el gobierno de Zelaya. En Paraguay las grandes multinacionales del sector agroalimentario, como Monsanto, Cargill y otras, intervinieron directamente en el complot porque el gobierno de Lugo, en algunos aspectos, dificultaba las acciones de esas grandes empresas, explicó Zaracho a Prensa Latina.

Crítica de la ONU impactó en Paraguay

Muy poco valor real parece tener el proclamado optimismo del gobierno paraguayo de Federico Franco, surgido del juicio político y destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, sobre el aislamiento internacional al cual se ve sometido.

 El irregular proceso utilizado para provocar una fractura en la institucionalidad democrática del país, utilizado para sacar del poder al mandatario electo por la población en 2008, sigue pesando como una enorme loza sobre la multiplicidad de gestiones destinadas a conseguir un cambio en su débil situación en el seno de la comunidad exterior.

El 1 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del dirigente campesino paraguayo Benjamín Lezcano y reclamó al gobierno la investigación del crimen y garantías para la vida de los luchadores agrarios. Una declaración del organismo regional señaló es indispensable esclarecer judicialmente la muerte de Lezcano y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de ese hecho.

El líder rural fue asesinado a balazos frente a su domicilio repitiéndose así una acción similar que costó la vida recientemente a Vidal Vega, otro de los combatientes por el derecho a la tierra. Lezcano era dirigente de una importante Coordinadora campesina y realizaba intensa labor contra el cultivo con semillas transgénicas por parte de empresas multinacionales en los departamentos de Concepción y San Pedro.

La Comisión dijo que es obligación del Estado investigar hechos de esta naturaleza y sancionar a sus responsables y reclamó al gobierno de Federico Franco las medidas necesarias para garantizar el derecho a la integridad y seguridad de los dirigentes campesinos del país. Recordó que el pasado mes de diciembre condenó el asesinato de Vega y pidió la investigación correspondiente sin existir todavía resultado alguno, situación agravada ahora con el nuevo crimen.

La reciente exigencia del Comité de Derechos Humanos de ONU al gobierno paraguayo de detener asesinatos, torturas y otros abusos, especialmente contra campesinos e indígenas, constituyó noticia resaltante en la nación mediterránea. Un documento contentivo de un rosario de señalamientos y de reclamos sobre las violaciones de los derechos humanos en Paraguay contra labriegos y nativos de etnias autóctonas fue la respuesta al alegato presentado ante esa instancia por el Ejecutivo de Federico Franco.

El planteamiento oficial, que pretendía exaltar la vigencia total de esas prerrogativas en el territorio paraguayo, ya había sido calificado de vacío por organizaciones nacionales, las cuales denunciaron un decreto de Franco destinado a eliminar sus principales señalamientos. El Comité fue claro al denunciar, incluso, la existencia de unas denominadas comisiones vecinales de seguridad ciudadana, participantes en detenciones ilegales, amenazas de muerte, redadas en las casas, asesinatos, torturas y maltratos en tres departamentos rurales.

Esos instrumentos usados contra poblaciones campesinas e indígenas y líderes de las organizaciones que los defienden, también participan, de acuerdo a las denuncias recibidas por la ONU, en la protección a traficantes de drogas y contrabandistas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reeditó su anterior exigencia de una investigación imparcial de las muertes extrajudiciales de los dirigentes campesinos Vidal Vega y Benjamín Lozano, asesinados en su propia residencia y ante sus familiares, en los departamentos de Curuguaty y Concepción.

El organismo expresó preocupaciónpor los altos índices de agresiones, violencia y homicidios contra los defensores de derechos humanos, particularmente en el caso de los defensores de campesinos e indígenas, apuntó la resolución. Igualmente, consideró preocupante los índices de abusos sexuales y violación de mujeres y la falta de legislación adecuada con excepciones para el aborto cuando el embarazo es producto de esos ataques.

El Estado debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre el uso de anticonceptivos y derechos a la salud sexual y reproductiva, recalcó. Otra dura crítica, de mucha actualidad, se basó en que el gobierno no dispone recursos necesarios para las labores de identificación de los recientes hallazgos de restos de personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La resolución del Comité constituyó un duro golpe a los repetidos alegatos gubernamentales sobre su respeto a los derechos humanos de todos los paraguayos, esgrimidos continuamente durante el actual proceso electoral que vive la nación.

FUENTE: www.bolpress.com