EN CONCORDANCIA CON OBSERVACIONES DE LA ONU EL FRENTE GUASU PRESENTO SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN A LA FISCALIA
Un pedido formal ante la Fiscalía General del Estado de llevar adelante una «investigación de todos los implicados en la masacre de Curuguaty y el Golpe de Estado Parlamentario” – tal como recomendó el Comité de DD.HH. de la ONU – fue lo que presentó una comitiva del Frente Guasu en horas de la mañana. El parlasuriano Ricardo Canese y el candidato a la vice Presidencia Luis Aguayo se acercaron a las oficinas de la Fiscalía para hacer el pedido de la concertación mediante la entrega de un documento oficial dirigido al Fiscal General del Estado.
La concertación reiteró los pedidos de abrir una línea de investigación sobre los responsables del crimen político que se inició con la masacre de Curuguaty y desembocó en un juicio al presidente Fernando Lugo que, según las observaciones de la ONU, “representa una seria amenaza a los principios del artículo 25 del Pacto” por las irregularidades del proceso, “en particular los plazos en los cuales se tuvo que preparar y presentar la defensa”.
Los candidatos Horacio Cartes y Efraín Alegre, así como el senador Blas Llano y el diputado Oscar Tuma, son nombrados en el pedido del FG como figuras políticas que tuvieron un papel preponderante en el controversial desalojo de Campos Morombí y el cuestionado juicio político a Fernando Lugo, por lo que merecen ser investigados. De la misma forma, se solicitó la remoción del fiscal Jalil Rachid, “uno de los principales responsables de la parcialidad manifiesta de su Fiscalía en este caso”, según reza el documento oficial.
Citando el artículo número 5 de la Constitución Nacional, que establece que los delitos de lesa humanidad, como las torturas, los tratos crueles, y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles, y dadas las varias denuncias existentes sobre “torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso” en el caso de Curuguaty y que según la misma ONU, no fueron debidamente investigadas, la concertación instó a la Fiscalía a cumplir con las observaciones del organismo internacional a cabalidad.
Con la reiteración del pedido de “una investigación inmediata, imparcial e independiente, para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, como representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado”, finaliza el documento presentado a la Fiscalía.