LUCAS VILLASENIN / Bolivia: mucho más que un “sí” a Evo
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LUCAS VILLASENIN / NOTAS – El 21 de febrero en Bolivia se llevara adelante el referéndum constitucional para hailitar (o no) a Evo Morales y Álvaro García Linera la posibilidad de volver a postularse en 2019. Una elección clave para el mapa político regional.
En septiembre de 2008 dos sucesos fueron parte agenda internacional. Por un lado, la quiebra de la compañía Lehman Brothers sacudió a Wall Street y el Tesoro de Estados Unidos solicitó al Congreso 700 mil millones de dólares para salvar al sector financiero dando cuenta de una crisis económica sin precedentes. Simultáneamente, Evo Morales expulsó de Bolivia al embajador norteamericano, Philip Goldberg, luego de que se probaran sus vínculos con los dirigentes que promovían un golpe de Estado desde el oriente del país.
Los últimos ocho años en los que el mundo estuvo sacudido por la crisis económica coincidieron con el intento de Estados Unidos de recuperar protagonismo y reimpulsar el proyecto neoliberal en América Latina. En 2008 la contraofensiva imperialista no tuvo en Bolivia los exitosos resultados de los golpes de Honduras en 2009 y de Paraguay en 2012.
El debilitamiento de la expansión de los BRICS, la devaluación de los precios de las materias primas y la liberación del comercio exterior fueron herramientas fundamentales tanto para la salida de la crisis como para reconstruir el orden imperial. En este sentid0, el 2015 fue un año exitoso para esa estrategia.
En América Latina las opciones políticas opuestas a los gobiernos anti-neoliberales avanzaron. En Ecuador frenaron leyes que favorecían a la redistribución de la riqueza, en Bolivia ganaron elecciones locales en departamentos como La Paz, Santa Cruz y Tarija. En Brasil avanzaron con el juicio político a Dilma Rousseff. En Argentina llegó al gobierno Mauricio Macri que expresa más que cualquier otro gobierno la orientación neoliberal que promueve el imperialismo para la región. Y finalmente en Venezuela, al haber logrado la oposición una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, se ha golpeado duramente al proceso político más radical del continente.
Un proceso de cambio hacia el socialismo comunitario
Bolivia fue testigo de las políticas neoliberales desde la mitad de la década del ochenta. La liberalización de comercio exterior y la privatización de empresas estatales fueron parte de ese proceso. El déficit fiscal, antes subsanado por la productividad de esas empresas, llevó a un mayor endeudamiento y presiones del FMI.
En esa época Estados Unidos, el principal importador de cocaína del mundo, impulsó la política “coca cero” que enfrentó a los sindicatos cocaleros. Esa supuesta lucha contra el narcotráfico ocultaba un país que en 2005 alcanzó el 38,3% de pobreza extrema.
El Estado, lejos de desaparecer, tuvo la tarea de ser el agente de las inversiones privadas del extranjero, reprimir las movilizaciones populares y reforzar el consenso neoliberal. Este consenso llegó a los partidos de todo el arco ideológico: “derechistas” de ADN, “nacionalistas” del MNR o “izquierdistas” del MIR.
En abril del 2000 el intento de ceder el suministro de agua de la ciudad de Cochabamba a la empresa trasnacional Bechtel y de aumentar hasta el 200% las tarifas desató la “guerra del agua” que puso en crisis la hegemonía neoliberal. Luego, en 2002 cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido presidente y renovó el discurso neoliberal, Evo Morales -que había sido expulsado del parlamento por “narcoterrorista”- logró un importante 20,9% de los votos que expresaba el descontento social.
Con movilizaciones, bloqueos y cercos a las ciudades por las demandas en contra de la expropiaciones de los bienes naturales, la soberanía sobre el gas se transformó en el aglutinante de las demandas populares. Así fue que en 2003 con la rebelión de la ”guerra del gas” Sánchez de Lozada debió abandonar el país.
Desde entonces una nueva hegemonía empezó a gestarse. La distinción entre las clases oprimidas por el neoliberalismo y los grupos sociales partidarios de entregar la soberanía del Estado boliviano quedó delimitada. La llegada al gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera con el MAS-IPSP en 2006 fue un triunfo popular determinado por la movilización anti-neoliberal.
Entre las primeras medidas del gobierno estuvieron la recuperación del control estatal de los hidrocarburos, la defensa de la hoja de coca y la identidad de los pueblos indígenas. Luego, se gestó un proceso constituyente que concluyó en 2009 -con el 61% de apoyo en las urnas- reconociendo la plurinacionalidad del Estado, nuevos derechos sociales y poniéndole un límite de cinco mil hectáreas al latifundio. Este proceso vino de la mano de una ampliación de la democracia liberal a nuevas lógicas como la posibilidad de revocar mandatos electorales o el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento local. “Mandar obedeciendo al pueblo”, fue la propuesta zapatista resignificada por Evo.
Hasta la actualidad, desde la llegada del MAS al gobierno se redujo la pobreza extrema a un 17,8%. Los indicadores en materia de salud y educación muestran logros extraordinarios en la historia del país. Incluso, los indicadores macroeconómicos, que determinarían que Bolivia es el país que más crecerá en la región en 2016, dieron lugar a elogios del FMI y el Banco Mundial. Este conjunto de transformaciones se enmarcan en el proyecto del socialismo comunitario (o del “buen vivir”) formulado por la dirigencia del proceso político.
Una batalla clave
Luego de la derrota del intento de golpe de los separatistas en 2008, que se cobró la vida de decenas de campesinos indígenas y militantes del MAS, la oposición logró escasos éxitos. Hasta la actualidad su fragmentación política y territorial -entre otros factores- no le han permitido dañar seriamente al gobierno.
Esta elección en donde el “no” puede ser un foco catalizador de múltiples descontentos se da su gran oportunidad. Así también lo entiende el Departamento de Estado norteamericano que a través de instituciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) financia la campaña opositora. “En Bolivia están operando como los hicieron en Argentina, en Venezuela y como operan en Ecuador; es una guerra psicológica, permanente, sostenida, intensificada y multiplicada”, señaló la semana pasada en Telesur el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Este 21 de febrero no solo se define si los líderes del MAS se podrán volver a postular en 2019, se medirá también si la correlación de fuerzas es favorable para profundizar los cambios en Bolivia. Y, fundamentalmente, se estará definiendo hasta dónde llega la contra-ofensiva imperial en la región.
Las encuestas no coinciden en determinar un resultado unívoco y el número de indecisos es aún alto (hasta un 22%). Por esa razón, el voto de cada boliviano y boliviana en la cualquier parte del mundo será clave para definir esta batalla.
Fuente: Contrainjerencia
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