CIDH: Denuncian casos de violación de DDHH de campesinos
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Con el apoyo de la Agencia Sueca Diakonía, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Vía Campesina solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática en el marco de su 162º Periodo de Sesiones que se desarrolla en Buenos Aires, desde el 24 al 26 de mayo. Expondrán la violación de Derechos Humanos del campesinado y sus defensores y defensoras en Paraguay.
Se presentarán casos paradigmáticos, entre ellos la disputa por las tierras de Guahory (Caaguazú), la persecución contra los miembros del asentamiento San Juan; los casos contra Jorge Mercado, Cecilia Acosta Zacarías y Pablo Valiente. Denunciarán la estigmatización de los defensores y las defensoras de las familias campesinas, las violaciones al debido proceso; y las violaciones que sufren los campesinos y las campesinas en contextos de manifestaciones y reivindicaciones de derechos fundamentales que realizan en reclamo a las autoridades del Gobierno.
El Director Ejecutivo del INECIP, Juan Martens, destacó que recibieron una respuesta satisfactoria de parte de la CIDH y que tendrán la audiencia temática Nº 17 este viernes. Integran la comitiva, Adrian Vázquez en representación de la Federación Nacional Campesina; y Verónica García de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). La presentación cuenta con el respaldo de Diakonía.
INECIP, la FNC y Vía Campesina sostienen que el Estado paraguayo viene sosteniendo patrones de persecución contra los dirigentes campesinos y campesinas en su rol de defensores y defensoras de DDHH. Estas acciones abusivas se traducen principalmente en procesamientos penales arbitrarios y represiones en contexto de manifestaciones pacíficas y desalojos.
Caso Guahory. En la exposición que realizarán las organizaciones civiles ante la CIDH de las Estados Americanos aparece en primer lugar el caso de las tierras de Guahory, que es una comunidad campesina ubicada en el distrito de Tembiaporâ (Caaguazú). Fue fundada en la década de los 90. A partir de entonces, viene sufriendo un ataque sistemático por parte de grupos de poder que buscan apropiarse del territorio para la explotación de cultivos de soja a grandes escalas.
Estos productores son en su mayoría ciudadanos brasileños o descendientes de brasileños que migraron a Paraguay debido a las “mejores condiciones” que ofrece el país en materia impositiva para el rubro de producción de granos. Las familias campesinas fueron víctimas de violentos desalojos. En febrero de 2015, el procedimiento irregular fue llevado a cabo por la Fiscalía y 400 policías. Fueron imputados 150 campesinos y campesinas. La Comitiva fiscal, policial y el apoyo de algunos brasiguayos, procedieron a la destrucción de viviendas y cultivos de los pobladores. En setiembre de 2016, nuevamente se realiza otro procedimiento de desalojo en el lugar, con el apoyo de 1.200 policías y sin la orden de un juez competente. Esta vez, fueron expulsadas 200 familias cuyas pertenencias fueron totalmente destruidas.
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017, se producen otros dos desalojos. Hubo violenta represión contra los miembros y las miembras de la comunidad donde la respuesta estatal al conflicto fue el uso abusivo de la fuerza.
Caso Jorge Mercado. Tiene 35 años y desde los 20 años está militando en la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Fue miembro de la Dirección Nacional de dicha organización y actualmente es dirigente de base en el asentamiento 1º de Marzo, donde vive con su familia. El Ministerio Público dictó una resolución de detención preventiva arbitraria en contra del dirigente acusado de ser supuestamente el autor del homicidio del colono Alex Socoloski (asesinado en la Colonia San Lorenzo del distrito de Minga Porâ). No se cumplieron los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal Paraguayo. El Ministerio Público inobserva de esta manera, derechos que rigen del debido proceso y el derecho a la defensa vigentes en el ordenamiento jurídico paraguayo.
El Ministerio Público y la Policía Nacional se encuentran dirigiendo una investigación con el único objetivo de perseguir judicialmente a un paraguayo integrante de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Buscan desarticular la fuerza organizativa y brindar una aparente seguridad a los supuestos dueños de los territorios de esta zona del país.
Caso Asentamiento San Juan. Se encuentra ubicado en el distrito de Puente Kyha, departamento de Canindeyú. Fue creado por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para asignación de tierras a campesinos sujetos de la Reforma Agraria. Sin embargo, en la zona continua el conflicto por la tenencia y explotación de tierras.
El 8 de setiembre de 2016, agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía realizaron disparos de armas de fuego hacia los pobladores del asentamiento. A raíz del mismo, Carlos Ariel Garcete -de 25 años- recibió una bala de plomo en la zona del abdomen. Hay constantes denuncias de represalias y abusos por parte de la Policía Nacional.
Caso Pablo Valiente. El 18 de marzo de 2015, el agente fiscal de la Unidad especializada de Antisecuestro y Antiterrorista , Federico Delfino, formuló acusación contra Pablo Valiente Chaparro, tras imputarlo por siete tipos penales en setiembre de 2014 en el marco de la causa Alfredo Jara Larrea y otros sobre coacción y otros. Las circunstancias relatadas en el requerimiento fiscal refieren inicialmente que a mediados de 2013, Pablo Valiente brindada apoyo logístico a doce personas integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), entre los que se encontraban los hermanos Jara Larrea y Cecilia Acosta, también imputada por brindar apoyo logístico en el mismo caso.
El agente fiscal no precisó en qué fecha se proveyó la colaboración, cómo se realiza la misma, en cuantas ocasiones se prestó la ayuda, qué elementos se adquirieron para mantener al grupo armado en la clandestinidad, entre otras cuestiones que a esta altura del proceso debía tener bien determinado. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura documentó patrones violatorios a las garantías del debido proceso y la protección a la vida y la integridad personales.
Caso Cecilia Acosta Zacarías. Es una ciudadana de 26 años y oriunda del distrito de Arroyito, departamento de Concepción. En abril de 2016, fue aprehendida en el marco de la causa de Alfredo Jara Larrea y otros sobre coacción. Pesaba sobre ella una orden de captura desde el 2014, de la que nunca fue notificada. El Ministerio Público acusó sin explicar de manera concreta qué conducta prohibida por la ley realizó Cecilia. Además, la acusación se apoyó en formulaciones genéricas y valoraciones tendenciosas que no describen los presupuestos exigidos por la legislación vigente para conectar éstos con la supuesta actividad llevada adelante por Cecilia.
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