Procuradora de Brasil pide condena a Itaipú por daños a los indígenas
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Este lunes 9, la procuradora general del Brasil, Raquel Dodge, titular del Ministerio Público Federal, solicitó la condena de la Unión (el Gobierno Federal de Brasil), el Estado de Paraná, la Fundación Nacional Indígena (Funai), el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y de la Itaipú Binacional por los daños causados por la hidroeléctrica a las comunidades avá guaraní que habitaban en la región afectada por la represa.
El anuncio fue publicado en el sitio web del Ministerio Público Federal del Brasil, donde se indica que la medida busca reparar las violaciones de los derechos sufridos por los pueblos indígenas desde la construcción de la planta hidroeléctrica, ocurrida entre 1978 y 1982, y que continúan hasta nuestros días.
La procuradora señaló que muchos de los nativos fueron expulsados y excluidos del proceso de reasentamiento y reparación promovido por el estado brasileño.
La investigación de ÚH detalló que las investigaciones antropológicas determinan que en Brasil fueron unos 40.000 los indígenas avá guaraní paranaenses que fueron afectados, mientras que en Paraguay fueron unos 20.000.
Los documentos recogidos por los diferentes estudios relatan las violaciones cometidas por la hidroeléctrica en ambas márgenes (Paraguay y Brasil) contra los pueblos originarios de la zona.
Sin embargo, en el lado paraguayo, el Ministerio Público no ha realizado ninguna investigación hasta ahora, así como tampoco ningún otro organismo, excepto los trabajos impulsados por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc) y los Informes de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), que cuentan con registros de los abusos cometidos por la binacional contra los avá guaraní paranaenses.
“La hidroeléctrica no solo ha destruido el pasado y el presente del grupo étnico, sino que también ha comprometido su futuro al privarlo de las reparaciones y compensaciones debidas y causar la desaparición de referencias importantes para las generaciones futuras”, dijo la procuradora brasileña.
Acción. La Acción Civil Original (ACO) presentada por la procuradora general de Brasil se basa en el informe producido por el Grupo de Trabajo de Itaipú (GTI), vinculado a la Cámara de Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales (CCR) del Servicio Federal de Fiscalía (MPF), que reveló numerosos actos de discriminación perpetrada por las organizaciones y entidades denunciadas.
“Entre ellos, la negación de la existencia, identidad y presencia de los avá guaraní en los territorios tradicionales afectados por la construcción de la planta y que resultó en la expulsión forzada de los pueblos indígenas de sus territorios tradicionales y la violación de sus derechos”, señala la publicación.
La acción fue presentada ante el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil y exige que se ordene a los acusados a pagar a los diversos grupos afectados una compensación equivalente a R$ 50 millones (USD 12,5 millones) por año, el pago de daños materiales por las pérdidas acumuladas resultantes del proceso de remoción forzada por un monto de R$ 100 millones (USD 25 millones) anuales, y que Itaipú pague R$ 100 millones (USD 25 millones) anuales como regalías.
Fuente: ÚH
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