OPINIÓN: Conspiración contra el impuesto a la soja

Una nueva conspiración está en marcha para trabar nuevamente el impuesto a la exportación de soja y mantener los privilegios a uno de lo sectores que más gana, menos tributa y más evade en uno de los países con la menor presión tributaria de América Latina.

La conspiración no es otra cosa que una película repetida. Ya la habíamos visto en el 2013. El primer actor era el ex ministro de hacienda Manuel Ferreira y tenía como estrellas a empresarios de la soja, los economistas de Desarrollo en Democracia y algunos periodistas serviles a los intereses sojeros encabezados por Enrique Vargas Peña y Luis Bareiro.

En ese momento para trabar el impuesto a la soja se mandó al parlamento un proyecto de ley de reforma del impuesto a la renta agropecuaria por el cual se afirmaba, sin ningún estudio, que la recaudación saltaría de 15 millones de dólares anuales a nada menos que 250 millones de dólares anuales.

El nuevo impuesto a la renta terminó recaudando apenas el 20% de lo prometido. Era de esperar, después de todo el proyecto había sido consensuado con los empresarios de la soja y la ganadería, con los más grandes evasores del Paraguay.

Una película con argumentos repetidos y distintos actores está volviendo a rodar. Los senadores Blanca Lila y Leonardo Silva, eternos defensores de los empresarios de la soja, plantean dejar de lado el proyecto de ley de impuesto a la exportación de soja y a cambio proponen aprobar el proyecto que prevé aumentar 50% el impuesto a las ganancias de las agroexportadoras transnacionales.

El discurso suena seductor porque no se entrega toda la información, lo que no aclaran los proyectistas es que el aporte de las agroexportadoras en concepto de impuesto a la renta es una miseria y que aumentar este aporte en 50% haría pasar el aporte a una miseria y media.

Un total de seis grandes agroexportadoras que concentran alrededor del 70% de las exportaciones vendieron al mercado externo granos y productos procesados por 2.558 millones de dólares en el año 2014. Sin embargo, el aporte de estas empresas en concepto de impuesto a la renta ha sido solamente de 14 millones de dólares, equivalente al 0,5% de la facturación por los envíos realizados. (Ver cuadro de abajo). En consecuencia, con el aumento del 50% de la tasa pasarían a aportar la irrisoria suma de 9 millones de dólares más anualmente.

La realidad es que tanto las agroexportadoras como los empresarios de la soja aportan poco casi nada al fisco, por lo que la cuestión no puede plantearse como un impuesto a cambio de otro. Es necesario aumentar la carga fiscal tanto a agroexportadoras como a empresarios de la soja.

La propuesta de Mignarro y Facetti de aumentar en 50% del impuesto a las agroexportadoras transnacionales pueden sonar muy lindo a los oídos de cualquier desprevenido. Pero en el fondo lo que se pretende, una vez más, no es otra cosa que trabar el proyecto de ley de impuesto a la soja a cambio de sacarle apenas unas migajas a las grandes empresas agroexportadoras.