BUSCAN ACABAR CON EL PROGRAMA TEKOPORA Y EL MOVIMIENTO SINDICAL DE LA SAS

El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Acción Social (SITRASAS) y familias beneficiarias del programa Tekopora, siguen resistiendo y retoman las movilizaciones frente a la institución desde este día, en reclamo de  sus derechos como la reincorporación de los funcionarios despedidos de la SAS; y el pago correspondiente de los cuatro meses de atraso a las familias de escasos recursos del programa social.

 Desde hace un tiempo atrás los exfuncionarios venían manifestándose,  por el despido injustificado de compañeros, ya que afirman que este gobierno tiene una persecución ideológica sobre ellos, con un trasfondo político. Así también  las familias,  quienes  hace cuatro meses no cobran sus sueldos por el programa tekopora.

Vilma Torres, madre líder del Bañado Sur “Estamos reclamando los pagos que nos deben en la Secretaria de Acción Social, y aquí nos dicen que en el Ministerio de Hacienda se esta atajando, no sabemos donde es el problema y en la prensa dice  que todo sigue igual, que se esta pagando los programas sociales y es una gran mentira porque están jugando con los pobres”

De igual manera, Irma Matiauda beneficiaria del programa tekopora argumenta que las autoridades no dan respuestas desde que hubo el cambio de gobierno con el nuevo presidente Federico Franco; y no quieren saber nada de la gente humilde. Según la señora Matiauda afirma “no somos haraganes y ponemos todo en ordenes las documentaciones y el deber de ellos es cumplir con nosotros también”.

Por otro lado, Pedro Giménez Secretario General Adjunto del SITRASAS dice que “desde hoy estamos reiniciando la medida de fuerza porque no hubo acuerdo  con la patronal del reintegro de todos los compañeros  y nuestro reclamo es que revisen caso por caso y la patronal dice que hay denuncia en contra de los compañeros por mal desempeño de sus funciones, y eso es lo que tienen que demostrar, y esta es la intencionalidad que se solucione el problema”.

También advierten que hay una doble intencionalidad, por un lado politizar los programas sociales contratando operadores políticos sin ningún tipo de criterio que pueda tener perfil para trabajar como facilitador; y por otro lado acabar con el movimiento sindical porque de los 500 asociados que habían,  400 ya se encuentran fuera de la Secretaria de Acción Social.