CASO CURUGUATY Violaciones de los derechos a la vida, a la tierra y alimentación

La Via Campesina Paraguay, la Campaña Global por la Reforma Agraria, la FIAN  Internacional y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y Radio Mundo Real emitieron un comunicado expresando una profunda preocupación por la continua y sistemática violación a los derechos humanos de familias campesinas sin tierra, víctimas de la denominada “Masacre de Curuguaty” ocurrida el pasado 15 de junio.

 Ante la audiencia realizada contra campesinos acusados por el caso Curuguaty, La Via Campesina Paraguay, la Campaña Global por la Reforma Agraria, la FIAN  Internacional y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y Radio Mundo Real manifestaron su indignación con respecto a los hechos de violencia que se fueron generando alrededor de este tema, considerando que existe una desprotección judicial de los derechos de los campesinos.

 Se utiliza las fuerzas represivas del Estado protegiendo intereses de los grupos económicos más poderosos del Paraguay y  los hechos sobrevenidos en el distrito de Curuguaty evidencian la dominación violenta de sectores poderosos sobre los labriegos, según expone el manifiesto.

 Entre tanto, estas organizaciones explican que la pobreza y la desigualdad de derechos a la tenencia de tierra motivan a los campesinos y campesinas a ocupar las tierras  mal habidas: “Consideramos que los sucesos en Marina Kue demuestran la violencia de sectores económica y políticamente poderosos de la sociedad paraguaya contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas en este país, en connivencia con numerosas agencias del Estado paraguayo. Ello se traduce fundamentalmente en una manifiesta. Esto se suma a un contexto estructural de carencia de condiciones mínimas para una vida digna. Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad de tenencia de tierra a nivel mundial con un índice Gini de 0,93 que lo ubica muy próximo a la desigualdad perfecta, Además, este país figura como el tercer país más afectado por el hambre en América Latina. En este contexto, miles de campesinos y campesinas toman la arriesgada decisión de ocupar la tierra mal habida como única posibilidad de producir sus alimentos y garantizar sus derechos humanos a la alimentación adecuada”, declara parte del pronunciamiento.

 Asimismo, los gremios identificaron las irregularidades con relación a la masacre de Curuguaty, como la titularidad de las tierras; el proceso judicial y ausencia de garantías judiciales de los/as campesinos/as acusados/as; Numerosas violaciones de derechos humanos; Asesinato selectivo y constantes amenazas de muerte y Situación de desprotección y falta de indemnización adecuada.

 1.Sobre la titularidad de las tierras

Las tierras de Marina Kue de 1.748 has., donadas al Estado paraguayo por la empresa LIPSA S.A. en 1967, fueron apropiadas ilegalmente por la empresa Morombi y son tierras malhabidas, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.2 Las tierras nunca han sido inscriptas a nombre del Estado en el registro público y estando a nombre de la empresa LIPSA. Esto lo han ratificado los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia a dirigentes de la Vía Campesina en abril de este año. Entonces, la posesión de tierras de Marina Kue se encuentra pendiente de la resolución por la Corte Suprema de Justicia que sigue dilatando la inscripción en el registro público.

Dada esta indefinida situación jurídica sobre la propiedad de las tierras, no encontramos justificaciones algunas y consideramos improcedentes tanto la emisión de la orden de allanamiento por parte del juez penal de garantía de la ciudad de Curuguaty, como la acusación a los once campesinos y campesinas sin tierras, procesados por siete cargos penales, que incluyen invasión de inmueble y asociación criminal.

 2. Irregularidades del proceso judicial y ausencia de garantías judiciales de los/as campesinos/as acusados/as

A pesar de carecer de indicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas en los hechos que se les atribuyen, la fiscalía insiste en su acusación de los siete cargos mencionados. Los abogados defensores denunciaron repetidamente irregularidades en el proceso judicial, así como que la no admisión de numerosas pruebas por la fiscalía. Además, la fiscalía solo acusa a campesinos/as por la muerte de los policías pero no investiga las circunstancias del fallecimiento de los/as campesinos/as.

3. Numerosas violaciones de derechos humanos

Varios testigos aseguran que el día 15 de junio hubo ejecuciones extrajudiciales, persecución, amenazas de muerte, torturas físicas y psicológicas, y desatención médica a los campesinos durante el operativo, inmediatamente después y los días siguientes al suceso del 15 de junio.4 Estas violaciones fueron denunciadas ante la fiscalía por la CODEHUPY, pero no están siendo investigada por la justicia paraguaya.

4. Asesinato selectivo y constantes amenazas de muerte

Dirigentes campesinos y personas que buscan el esclarecimiento de los hechos han sido asesinados/as y/o han sido y siguen siendo amenazados de muerte. El día 1 de diciembre de 2012, el dirigente campesino Vidal Vega – dirigente de Yvypyta y testigo clave – fue asesinado por sicarios en la puerta de su casa. Otros dirigentes de la región, vinculados con el caso, ya han recibo amenazas de muerte en varias oportunidades.

5. Situación de desprotección y falta de indemnización adecuada

Varias familias de las víctimas de Curuguaty y los demás 47 imputados/as se encuentran en alto grado de vulnerabilidad ante la ausencia de una indemnización adecuada que permita garantizar la integridad física y las condiciones básicas de estas personas que perdieron a miembros de su familia que aseguraban sus sustento.

Paraguay es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que está obligado ante la comunidad internacional a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes expresamos la necesidad que el nuevo gobierno de Paraguay y sus instituciones cumplan con las siguientes medidas que permitan realizar los Derechos Humanos de esta población de campesinos y campesinas sin tierra víctimas de la Masacre de Curuguaty:

1. Que la Corte Suprema de Justicia resuelva la inscripción de las tierras de Marina Kue en el registro público y que la Procuradoria General de la Republica agilice las gestiones correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia.

2. Que las tierras de Marina Kue sean restituidas a los campesinos y campesinas sin tierras víctimas de la Masacre de Curuguaty del pasado 15 de Junio de 2012, como únicos sujetos de la Reforma Agraria.

3. Que se emita la libertad inmediata de los/as presos/as de Curuguaty ante la ilegalidad de la orden de allanamiento del pasado 15 de junio 2012, la ilegalidad de la posesión de la propiedad por la empresa Morombi y la falta de indicios de que sean los/as responsables de los cargos acusados.

4. Que se destituya al fiscal Jalil Amir Rachid del proceso judicial por su manifiesta parcialidad y su vínculo familiar y político con los dueños de la empresa Morombi S.A.

5 .Que se garantice la integridad física y la vida de los/as dirigentes y defensores de derechos humanos, amenazados de muerte.

6. Que se constituya, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo en Paraguay, una Comisión Internacional de Observación a fin de acompañar la investigación de todos los crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas cometidos en el caso Marina Kue, para asegurar que se cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado paraguayo y se identifique a los autores morales del Masacre Curuguaty y del asesinato de Vidal Vega.