Bolsonaro avasalla soberanía paraguaya en Itaipú, sometiendo a Abdo Benítez.
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* Ricardo Canese
El documento firmado por las cancillerías de Paraguay y Brasil –que, para que tenga validez, debería ser ratificado por los Congresos– transgrede el tratado de Itaipú, causa enormes perjuicios al Paraguay y limita el libre ejercicio de la soberanía nacional
1. El acuerdo Bolsonaro – Abdo, transgrede el tratado y debería ser sometido a la ratificación del Congreso.
El Anexo C vigente –y sus notas reversales vigentes– establece que “cada una de las entidades (ANDE)… entregará a la Itaipú el cronograma… dos años antes de la fecha prevista para la entrada en operación comercial… contratos de 20 años” (art. II.3). El período luego se subdividió en períodos de 10 años cada uno. Este punto del Anexo C, nunca fue aceptado por ANDE y el Brasil aceptó esta decisión SOBERANA paraguaya, pues es claramente lesivo a la soberanía nacional de poder disponer libremente de la parte que nos corresponde. Así, la ANDE se limitaba a presentar cronogramas anuales, lo que tuvo aquiecencia del Brasil desde 1985 hasta el 2019 (34 años), y ahora Abdo Benítez, a escasos 4 años del fin de este Anexo C, lo viene a romper esta línea soberanista. Primera cuestión grave en este punto.
No se respeta el plazo de “dos años antes”, en segundo lugar, presentándose un compromiso, además, en tercer término, en términos de “potencia media” –un término inexistente en el tratado– y no en “potencia instalada”, o contratada, como fija el tratado. Se limita, así, el ejercicio de la soberanía sobre nuestra energía no sólo en el 2019 (a 1.370 MW medios, o bien 12.000 GWh ) desde el 2020 y 2022 –los tres últimos años claves antes de la revisión del Anexo C– a 1.534 MW medios (13.438 GWh) en el 2020; 1.718 MW medios (15.050 GWh) en 2021 y 1.924 MW medios (16.854 GWh) en 2022. Esta disposición transgrede gravemente el tratado que, en su artículo XIII, parágrafo único establece que “la potencia instalada” será la adquirida, en concordancia con todo el Anexo C.
Por último, lo que es más grave aún, el Acuerdo Bolsonaro – Abdo, establece que la ANDE podrá variar su contratación, “limitado a una variación de 6%”. Esta decisión vulnera gravemente el tratado vigente, que fue modificado por la Nota Reversal vigente del 28 de enero de 1986 N.º 5, que modificaba, a su vez, la NR ° 5 del 26 de abril de 1973, que fijaba, en el cronograma que la ANDE debía presentar a Itaipú unta “tolerancia… de la potencia contratada… un valor de 100 MW”, aumentando tal tolerancia a “…la potencia de 350 MW” (NR N.º 5/1986). Si calculamos el 6% sobre la “potencia media” –que es la nueva unidad de medida introducida por Bolsonaro/Abdo– ella sería de tan sólo (0,06 x 1.370 MW =) 82 MW, en 2019, pasando a 92 MW en 2020, 103 MW en 2021 y 115 MW en 2022. Vale decir, una limitación CLARAMENTE VIOLATORIA DEL TRATADO DE ITAIPÚ VIGENT.
2. Acuerdo Bolsonaro – Abdo lesiona gravemente la soberanía e intereses nacionales.
La primera y evidente lesión a la soberanía e intereses nacionales y a la soberranía es la ya comentada arriba. Al limitarse la variación de la potencia media (en realidad, energía) contratada por ANDE, el país queda limitado a tal contratación con una variación mínima (en torno a 100 MW), mientras que el margen acordado, ya en 1986, era de 350 MW. ¿Qué pasa si el Paraguay necesita 250 MW medios (2.190 GWh, o bien 2,19 millones de MWh) más del límite, porque experimente un fuerte crecimiento económico, en 2021, o bien 2022? La falta de energía eléctrica se calcula a razón de más de 1.000 US$/MWh en el Brasil (y es un cálculo por lo bajo), por lo que el perjuicio podría ser fácilmente de (2,19 M MWh x 1.000 US$/MWh =) 2.190 millones (dos mil ciento noventa millones de dólares!!!!).
Claro, de repente podría comprar la ANDE, o el país, en el mercado libre brasileño, al Precio de Liquidación de Diferencias (PLD), que muchas veces ha tenido precios superiores a 200 US$/MWh en momentos de escasez de energía, lo que reduciría algo las pérdidas pero aún así serían tremendamente significativas (más de 400 millones US$).
La segundo lesión grave a los intereses nacionales y a la soberanía es que, con un lenguaje quizás no muy explícito, el Acuerdo Bolsonaro – Abdo dejaría la energía no garantizada –no utiliza este término– que le permite hoy tener a la ANDE una menor tarifa, asociada o vinculada a la potencia contratada. Habría que ver realmente qué quisieron decir en este Acuerdo y bien sabemos que cuando el texto es ambiguo, la interpretación no siempre será favorable a los intereses nacionales. Esta sería una segundo causa (la primera es por salirse del margen del cronograma, como se vio) de sobrecosto para el país.
La tercera gravísima lesión a los intereses y la soberanía paraguaya es la ENERGÍA BINACIONAL DEL EMBALSE, que claramente 50% es paraguaya, primero la flexibiliza a nivel de meros Directores Técnicos de Itaipú, como si se tratara de una cuestión meramente operativa, hasta la cota 216 metros sobre el nivel del mar (msnm) y, para peor, la asigna proporcionalmente a la potencia contratada (la mayoría irá para el Brasil). Este es un antiguo reclamo paraguayo.
Cuando el precio de mercado en el Brasil, el PLD ya citado, sube por las nubes, porque les falta energía hidroeléctrica, como ocurrió en los últimos años registrándose un promedio superior a 100 US$/MWh y con picos muchísimo mayores, el Brasil procede a bajar el embalse de Itaipú y utilizar la energía allí acumulada si retribuirle absolutamente nada al Paraguay. Esto que se hacía a nivel casi informal, ahora ha sido firmado por los representantes de las cancillerías de Bolsonaro y Abdo. Gravísimo, pues atenta contra nuestra propia soberanía y la posibilidad de tener un precio justo (que establece el Acta de Foz de Yguazú) en dichos momentos de escasez de energía.
3. El Acuerdo Bolsonaro – Abdo limita la soberanía paraguaya.
No es casual que Bolsonaro –con la complicidad de Abdo– haya impuesto este leonino acuerdo. “Marca la cancha”, como se diría, antes de iniciar el partido, a favor de sus intereses. Impone un cronograma que ningún gobierno paraguayo aceptó en proponer, reduce en contra del tratado el margen y las propias condiciones leoninas de tal cronograma (que es, según está firme y ratificado, de 350 MW y no en torno a tan sólo 100 MW, que ahora impone Bolsonaro), cambia el concepto de potencia contratada o instalada por “potencia media” (en realidad energía), que no está en el tratado, con oscuras frases intenta apropiarse de la mayor parte de la energía no garantizada asociada a la potencia contratada, como era cuestionada por el Paraguay, y termina de apropiarse de la energía del embalse mucho más allá del 50% que le pertenece.
Los perjuicios, como se vio, pueden ser de miles de millones de dólares. ¿A título de qué Abdo Benítez firmó esta barbaridad? Además, tales monumentales modificaciones del tratado de Itaipú deberían ser RECHAZADAS POR EL CONGRESO CATEGÓRICAMENTE.
* Presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Parlasur e investigador en energía.
Crédito: El Mundo
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